Image por Kevin en Unsplash

Por: Sofía Mejía

El Congreso aprobó una reforma al Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, del sistema de regalías. Desde su creación, el manejo de los recursos provenientes de dicho fondo ha sido controversial y los objetivos para el cual fue creado no han sido cumplidos debido a problemas de eficacia y eficiencia. Con la reforma se espera mejorar estos problemas ya que los proyectos serán seleccionados de acuerdo al mérito que representen y no a las decisiones de los gobernadores.

 

El atraso de Colombia frente a otros países en su esfuerzo de innovación es bien conocido. Se esperaba que la creación del Fondo de Regalías permitirá avanzar en la solución de este problema, pero no ha sido así. Para el año 2015, cuatro años después de la creación del fondo, el gasto de Colombia en innovación era del 0,23% del PIB, mientras en Brasil fue del 1,2% del PIB y del 3% en los países de la OCDE.

 

En el 2011, durante el primer periodo de gobierno del presidente Juan Manuel Santos, se creó el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación con el fin de financiar proyectos que pudieran ayudar al desarrollo y crecimiento económico del país. Sin embargo, el buen sabor de la noticia para las universidades e investigadores se volvió amargo debido al mal manejo de los recursos ya que estos eran otorgados a los agentes políticos.

 

El fondo recibe el 10% de los ingresos del Sistema General de Regalías, los cuales se distribuyeron entre los departamentos y fueron entregados a los gobernadores y el Alcalde de Bogotá. Por lo tanto, eran los gobernadores quienes tenían el poder de decidir qué proyectos se ejecutaban y las gobernaciones quienes se encargaban de llevarlos a cabo. Bajo este esquema se dieron casos de corrupción, ineficiencia y baja ejecución de proyectos. De acuerdo a la evaluación del funcionamiento del fondo realizada por la Contraloría General de la República, para diciembre del 2015 había 96 proyectos que debían de estar terminados, pero solamente se ejecutaron 11.  Adicionalmente, entre los años 2015-2016 quedaron 1,5 billones de pesos sin utilizar y para el tramo 2017-2018 había 1,1 billones sin utilizar. De acuerdo a esto, a principios del año había 2,6 billones de pesos sin utilizar.

 

Utilizando el fast track, el mecanismo utilizado para aprobar las leyes del postconflicto, se pudo realizar la reforma. Esta consiste en dos cambios fundamentales al esquema que se venía implementando para el manejo de los recursos y selección de proyectos. En primer lugar, los proyectos que deseen recibir el fondo para desarrollos científicos y tecnológicos deben presentarse ante los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD) a través de una convocatoria pública. De esta manera, los proyectos que se ejecutan no están supeditados a las decisiones de los gobernadores, sino que son seleccionados de acuerdo a su potencial y aporte al desarrollo del país.

 

En segundo lugar, habrá un cambio en cuanto a la entidad comisionada para llevar a cabo el proyecto. Bajo el modelo que se venía implementando, en la mayoría de los casos las gobernaciones se encargaban de desarrollar el proyecto y por lo tanto quien lo ejecutaba no era la misma entidad que formulaba la propuesta. De acuerdo al estudio realizado por la Contraloría, 201 proyectos aprobados eran realizados  por las gobernaciones y 70 por diversas universidades, Colciencias, Corpoica, entre otras.  Esto creó problemas de ineficacia debido a que las personas que tenían el conocimiento y capacidad para llevar a cabo el proyecto eran quienes formulaban la propuesta, no las gobernaciones. Con la reforma, se establece que la entidad que presenta el proyecto o programa a la convocatoria debe ser la encargada de ejecutarlo.

 

Esta reforma representa un paso adelante para que el fondo realmente cumpla su propósito, el cual es “incrementar la capacidad científica, tecnológica, de innovación y de competitividad de las regiones, así como contribuir al progreso social, al dinamismo económico, al crecimiento sostenible y una mayor prosperidad para toda la población” de acuerdo a Ángel Pérez Martínez, economista de la Universidad Nacional, en la revista Dinero. Con los cambios implementados, se podrán llevar a cabo proyectos que generen cambios drásticos en el desarrollo del país y no simplemente proyectos enfocados en resolver problemas coyunturales. Así mismo, se espera que ahora las propuestas se realicen de la mano de las universidades y la comunidad científica y se promueva más efectivamente el conocimiento y la innovación.

Anuncios